1. Nº 9 7 .1 8 Madrid, 3 1 de octubre de 201 8 SO BRE LA NOTA DE SEOPAN POR EL PAGO POR USO DE CARRETERAS

6. Si no estuviese ya suficientemente fragmentado el mapa europeo de peajes y viñetas varias, además , estaríamos fomentando que se produjese algo similar dentro de nuestras fronteras. No nos sirven los ejemplos de lo que se hace en otros países euro peos en este campo, sería necesario hacer una comparativa más amplia que la mera existencia de “euroviñetas” de cualquier índole. Seguiremos oponiéndonos a que se obligue al sector del transporte a un “repago” como el que se está proponiendo (ya pagamos co n crece s por usar las carreteras) y, al mismo tiempo, haciendo uso de los argumentos que señalamos al inicio de este escrito para exigir de los poderes públicos que consideren nuestra actividad como el sector estratégico que es y, en consecuencia, doten a n uestro país de las más adecuadas infraestructuras para el desarrollo del mismo. Ello irá, sin duda, en beneficio de la economía española en su conjunto. C/ Príncipe de Vergara, 74, 3 planta - 28006 MADRID Tlf.: 91 451 48 01 / 07 – Fax: 91 395 28 2 3 E - mail: [email protected] Nota: Prohibida la edición, distribución y puesta en red, total o parcial, de esta información si n la autorización de A ST I C

3. duda , podemos utilizar a favor nuestro, empresas de transporte por carretera, para recalcar q ue las Administraciones Públicas no están atendiendo como sería necesario al diseño, construcción, mejora y mantenimiento de la red viaria española. Por ejemplo, una de las conclusiones del informe afirma que esa defectuosa actuación pública perjudica al conjunto de la ciudadanía: “Los ciudadanos son los grandes perjudicados por el deterioro de la movilidad . En este sentido, se aporta el dato de que las muertes en carretera han vuelto a repuntar hasta alcanzar casi los 1.300 fallecidos en 2017 y que los costes de la siniestralidad vial en España representan cada año más de 10.000 millones de euros (M€), un 1% de nuestro PIB, según datos de la Dirección General de Tráfico. Igualmente, varias regiones españolas superan los límites de contaminación anual med ios recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, según cifras de la Comisión Europea, el coste total de tiempo de atascos en España asciende a 5.500 M€ cada año.” Y recalcan, a renglón seguido , que se requiere incrementar los recursos destinad os a este fin y que ya acumulamos un importante “déficit de inversión”: “Revertir esta situación requeriría destinar más recursos a nuestras infraestructuras viarias , cuya inversión actual es un 34% inferior a la registrada en 1986. Sin embargo, nuestras necesidades de inversión en infraestructuras de transporte pú blico, de accesibilidad urbana y de movilidad interurbana suman más de 64.000 M€ y nuestro déficit inversor en la red viaria convencional, según la Asociación Española de la Carretera, supera los 7.200 M€”. Desde nuestro punto de vista estas afirmaciones, bien documentadas y fundamentadas como de hecho están, son perfectamente beneficiosas para los intereses de nuestras empresas y del sector en general. La falta de mantenimiento y de las inversiones necesarias en ampliar y mejorar la red se vuelven contr a nuestras cuentas de resultados: más averías, peores velocidades medias, desvíos obligatorios a

4. autopistas de peaje por deficiente capacidad de la red convencional, siniestralidad, pérdidas por congestión de tráfico , etc. Debemos pues, como ASTIC y, e n la medida de lo posible , cada una de las empresas que tenga la ocasión, utilizar estos datos y estas conclusiones para apoyar que es imprescindible, para que podamos seguir dando el mejor servicio de movilidad a la sociedad que nos lo demanda, que la Admi nistración sea sensible a estas necesidades y aporte los planes y los recursos necesarios para aumentar la competitividad de nuestra economía. La discrepancia fundamental de ASTIC con el planteamiento de SEOPAN (y del estudio en cuestión) surge cuando se afirma que los recursos de la Administración no son suficientes y que se debe volver la vista hacia los usuarios de las carreteras para imponerles cánones de uso que aporte los recursos que los poderes públicos dicen no ser capaces de aportar. Así se afirm a en el resumen del estudio de la consultora lo siguiente: “Pero el déficit presupuestario y deuda pública, junto con un gasto social creciente, dificultan la adecuada atención de nuestras infraestructuras de transporte exclusivamente con fondos públicos. ” Obviamente dado que SEOPAN es una organización que tiene como objetivo: “ promover de forma activa la inversión en infraestructuras ” , y aunque se define como “ defensora y promotora de la iniciativa privada, la economía de mercado y la libertad de empresa ”, no resulta extraño que quiera imponer nuevas cargas a los ciudadanos y al resto de empresas para generar fondos que finalmente les reviertan a ellos tanto por construcción de infraestructuras públicas como por explotación en régimen concesional de las m ismas. Sin embargo, desde nuestro punto de vista debemos dejar claro lo siguiente: 1. La movilidad de mercancías y de personas es una demanda creciente de la sociedad moderna . Crece en volumen y en exigencia de calidad, flexibilidad y respecto medioambienta l.

2. Nº 9 7 .1 8 Madrid, 3 1 de octubre de 201 8 SO BRE LA NOTA DE SEOPAN POR EL PAGO POR USO DE CARRETERAS A través de la organización SEOPAN (constit uida por 11 grupos empresariales y 62 empresas dedicadas a la construcción de infraestructuras y su explotación en régimen concesional) ha sido hecho público un extracto del estudio de la consultora A.T. Kearny titulado “ Hacia un modelo social y sostenible de infraestructuras viarias en España ” cuyo contenido completo, si así lo desea , puede descargarse haciendo click aquí . Naturalmente, las conclusiones que interesan a dicha organización son fundamentalmente las que van orientadas a aumentar los fondos que la A dministración dedica a inversión en infraestructuras , pues son la fuente principal de ingresos de las compañías que SEOPAN representa. Para ello , se sugiere como solución que sean los usuarios de las carreteras los que paguen por dicho uso y, con esa recaudación , las A dministraciones públicas afronten el coste de la construcción y mantenimiento de la red viaria. Una “recomendación” ciertamente “de parte” (de parte interesada) y con la cual estamos en completo desacuerdo ahora y tantas cuantas otras veces ha sido planteada en diversos foros, en particular en el seno de CEOE de la que tanto SEOPAN como ASTIC son miembros activos. Es cierto que su argumentación está muy bien estructurada, hace referencias concretas a cómo se ha afrontado este problema en otros países de nuestro entorno y , además , aporta da tos y cifras concretos que ha elaborado la consultora. Dicho todo lo cual, en el informe en cuestión, una vez analizado, se recogen numerosos argumentos que , sin

5. 2. Para dar respuesta a esa necesidad de la sociedad se ha demostrado hasta la saciedad que la carretera es el modo preponderantemente elegido y, puesto que la movilidad por carretera es una demanda social de primera magnitud , como pueda ser la sanidad, l a seguridad o la educación, corresponde al Estado en su conjunto satisfacerla mediante la creación, mantenimiento y desarrollo de las más apropiadas infraestructuras. 3. Para lograrlo, carreteras y zonas anexas, en este caso, o bien hospitales, centros de sal ud, comisarías o colegios en los otros casos citados , deben ser sufragados con los recursos de todos , puesto que todos los ciudadanos salimos beneficiados de su existencia, hagamos o no uso directo de cualquiera de esas inversiones públicas, carreteras incl uidas, por supuesto. 4. Además, gravar la movilidad con nuevas “tasas por uso” supone dar por buena la falacia de que ahora no se está pagando . Los usuarios de las carreteras, vía impuestos por el combustible (del que están exentos otros modos de transporte) y tasas varias contribuyen ya con mucho margen a sufragar los costes de la movilidad, entre ellos la construcción y mantenimiento de carreteras. No debemos olvidar que esta “ocurrencia” de SEOPAN (que no es nueva en absoluto) lo único que busca es recauda r más para allegar fondos en beneficio de sus miembros. De llevarse a cabo tal como ahora la plantean para algunas comunidades autónomas, sería abrir la vía del “pago por uso” a todo tipo de A dministraciones. Recordamos que ASTIC , junto al resto de organi zaciones sectoriales del transporte por carretera, se opuso al peaje guipuzcoano, aplicado sólo a camiones que transitaran por las carreteras N - 1 y A - 15, contra el que presentó un recurso el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). El Tribun al Superior de Justicia del País Vasco lo declaró ilegal el pasado abril por considerar esta carga impositiva “una discriminación indirecta” hacia los vehículos de más de 3,5 toneladas procedentes de fuera de Guipúzcoa.